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El Tribunal Supremo indica que no es necesaria la sospecha previa para admitir como prueba el informe del detectives privado

 

 

La Sentencia STS 3677/2023, Sala de lo Social, de 12 de septiembre, el Alto Tribunal se pronuncia sobre la necesidad de tener sospechas fundadas de que el trabajador está incumpliendo sus abligaciones.

Sin sospechas previas, no era lícito contratar detectives privados ya que ello supondría un control extralimitado de la empresa sobre el trabajador, entendamos que las vigilancias que realizan los detectives se tendrían que hacer durante su vida personal al encontrarse este de baja.

Hasta la aparición de esta sentencia del TS, los juzgados de lo laboral  exigían la existencia de unos indicios, que de alguna manera debíajustificar la parte contratante, para poder recurrir a profesionales de la investigación privada, con el objeto de poder ejercer su derecho al control de la actividad de sus trabajadores reconocido en el art. 20.3 Estatuto de los trabajadores.

Esta necesidad de justificar las sospechas se había convertido en una norma no escrita.

 

La Ley de Seguridad Privada 5/2014, no indica nada al respecto, determinando que los requisitos para contratar a un detective se basan en la legitimidad, por ello el detective debe de comprobar la misma, verificar la relación entre las partes y valorar que la información que pueda resultar del informe se va a utilizar para un fin lícito.

Por tanto, esta exigencia de justificación de indicios de que el trabajador incumple con sus obligaciones se ha venido imponiendo para la admisión de la prueba del detective privado, todo ello por la jurisprudencia de los distintos juzgados y ello se ha extendido hasta convertirse en un requisito imprescindible para la admisión de la prueba.

 

¿si la ley no lo exige, por que lo hacen los tribunales?

Es conocido que la prueba del detective privado, en algunas ocasiones, entra en conflicto con el derecho a la intimidad (art. 18 CE). El investigador tiene reconocida legalmente la facultad de investigar hechos relativos a la vida privada de las personas (art. 48.1 LSP), con excepción de los que tengan lugar en los domicilios y lugares reservados (art. 48.3 LSP). La colisión con el derecho a la intimidad se puede dar.

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Pero la legislación también reconoce el derecho de las personas a la tutela judicial efectiva en la defensa de sus derechos e intereses legítimos, y a valerse, para ello, de los medios de prueba pertinentes para su defensa (arts. 24 y 53 CE). Y más concretamente en el ámbito laboral, el propio Estatuto de los trabajadores reconoce el derecho del empresario a adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales (art. 20.3 ET).

Por consiguiente, el respeto al derecho a la intimidad de del trabajador, se enfrenta al  derecho del empresario a una defensa justa, a usar los medios de prueba pertinentes para la defensa de sus intereses, y a su legítimo control del cumplimiento de obligaciones por parte de los trabajadores de su empresa.

Por ello, el Tribunal Constitucional, la valoración de tales derechos en conflicto, establece la necesidad de la superación del juicio de proporcionalidad para la contratación de los servicios de los detectives privados (STC 186/2000, de 10 de julio).

 

Por ello se tiene que superar los siguientes requisitos para la licitud de la intervención del detective y la adminision de su informe.

a.- Juicio de idoneidad, los trabajos efectuados deben de ser los idoneos para verificar el resultado final.

b.- Juicio de necesidad, que la intervención del detective sea el ultimo recurso y que no se pueda obtener la prueba por otros medios menos invasivos.

c.- Juicio de proporcionalidad, la medida debe ser ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.

La superación de este juicio de proporcionalidad ha sido la exigencia que ha venido haciendo el Alto Tribunal para la admisión de la prueba del detective (entre otras, STS 722/1989 (Sala de lo Social), de 19 de julio de 1989 (RJ 4408/1989); STS 2118/990 (Sala de lo Social), de 7 de marzo de 1990 (RJ 2118/1990); STS 12407/1992 (Sala de lo Social), de 24 de febrero de 1992 (RJ 12407/1992); STS 4471/2012 (Sala de lo Social), de 5 de junio de 2012 (RJ 4471/2012).

A lo anterior, hasta la fecha se ha sumado la necesidad de tener indicios previos, por ello el Tribunal Supremo se ha pronunciado en el siguiente sentido:

En la STS 3677/2023, Sala de lo Social, de 12 de septiembre, el TS se pregunta “si es posible atribuir la ilicitud del seguimiento basado en una supuesta ausencia de indicios previos al encargo, vulnerando o no el derecho a la intimidad (art. 18 CE)”.

 

 “lo relevante es que no existían indicios de incumplimiento laboral alguno por parte del trabajador y, sin embargo, en el de contraste ello no impide la validez de la prueba de detective mientras que en el actual es precisamente lo que conlleva su ilicitud y la vulneración del derecho a la intimidad del trabajador”.

 

 “la clave del juicio de ilicitud de la prueba no reside en la causa o motivo que la soporta. La concurrencia de ligeras sospechas, de meros indicios o de indicios relevantes no determinan la licitud o ilicitud de la prueba en sí misma considerada”.

 “La referencia que la propia ley -(LSP)- efectúa al respecto de los principios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad, alcanza a los informes realizados por los servicios de investigación privada, pero no requiere la concurrencia de sospechas fundadas ni de un número determinado de indicios a la hora de valorar la licitud o ilicitud de la prueba”.

Por lo que el Tribunal determina que “Descartamos la calificación de ilicitud de la prueba que se hace depender de una existencia previa de indicios relevantes de los eventuales incumplimientos en la prestación de servicios. La clave del juicio de licitud no resulta tributaria de la causa remota.

 

Por lo que "la exigencia de indicios relevantes o sospechas fundadas llegaría a hacer inútil o superflua la adición de otros elementos probatorios"

 

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